Comunicado

Comunicado de la Asociación Sindical Capítulo 6

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Ante la información proporcionada por la sección sindical de UGT en la Asamblea de Trabajadores/as convocada en el día de ayer (10-05-18) sobre los procedimientos judiciales y situación laboral de los trabajadores pertenecientes a la Asociación Sindical “Capítulo 6”, queremos hacer llegar las siguientes puntualizaciones:

1.- En contra de lo que se afirmó por parte de los organizadores de la Asamblea, las sentencias del contencioso administrativo, que en la actualidad están pendiente de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en ningún caso anulan las sentencias de lo social que determinaron que el Equipo de Gobierno dirigido por el ex Rector D. Francisco Ruiz incurrió en el delito de ejecución de un ERE ilegal. Es la jurisdicción laboral y no el contencioso administrativo la única competente para establecer o quitar derechos a aquellos trabajadores que no son funcionarios de la Universidad de Huelva.

2.-En contra de lo que también se transmitió en Asamblea celebrada ayer, en ningún momento las sentencias del contencioso administrativo condenan y obligan a la Universidad de Huelva al despido del trabajador/a, sino que reflejan la mala praxis, entre otros, tanto del personal funcionario que tramitó y ejecutó dichos contratos, así como del área de Recursos Humanos que gestionó los contratos, del Comité de Empresa que sellaba los contratos y del Gabinete Jurídico que validó dichas contrataciones. Resulta más que llamativo que, sí siendo esto objeto de la sentencia de lo contencioso administrativo, no se pidiera a estos actores, que intervinieron de forma activa y con responsabilidad en la contratación de personal “Capítulo 6”, las responsabilidades oportunas por parte de los convocantes de la Asamblea.

3.-El que se afirme que por culpa de los trabajadores ex “Capítulo 6” no se estén produciendo convocatorias o llamamientos de bolsa de personal funcionario o laboral es, como mínimo, sorprendente. Tan solo hay que mirar un poco hacia el pasado. Cuando el ex Rector D. Francisco Ruiz y su Equipo de Gobierno despidieron a cerca de 150 trabajadores en el año 2013, no se produjo un llamamiento masivo de 150 personas integrantes de las bolsas de trabajo con el objeto de cubrir las funciones que hasta esa fecha estaba realizando el colectivo de trabajadores del “Capítulo 6”, ni tampoco se convocaron los procedimientos selectivos oportunos para cubrir dichos puestos de trabajo. Es más, lo que iniciaron el ex Rector D. Francisco Ruiz y su Equipo de Gobierno fue la contratación de empresas externas y autónomos para realizar todas esas funciones técnicas que con anterioridad realizaba el “Capítulo 6”: Se entiende que todo ello se realizada con el beneplácito del Comité de Empresa, que en ningún momento se ha pronunciado sobre esta circunstancia.

4.-El punto anteriormente expuesto desmonta otra de las falsedades que se expusieron ayer en la Asamblea por parte de los convocantes, pues no es cierto que la mayoría del colectivo de trabajadores ex “Capítulo 6”, afiliados a nuestro Sindicato, estén realizando actualmente funciones de personal funcionario.

5.-Igualmente, es lamentable que se haga recaer sobre el ex trabajador “Capítulo 6” la culpa de la frágil situación económica que sufre la Universidad de Huelva. Si hay responsables de esta situación son el ex Rector D. Francisco Ruiz y su Equipo de Gobierno, que a causa del ERE ilegal realizado en 2013 generó un coste para la UHU, reconocido por el propio ex Rector, “superior a los 6 millones de euros”.

Desde la Asociación Sindical “Capítulo 6” no se entiende cómo un sindicato de clase como UGT hace recaer toda la responsabilidad de los problemas laborales que afectan a la Institución en los ex trabajadores “Capítulo 6”, llegando incluso a pedir sus despidos, y no exigen, en cambio, la ejecución de las sentencias contencioso administrativo desde la depuración de responsabilidades en el proceso de contratación.

La Asociación Sindical “Capítulo 6” siempre ha entendido que este conflicto laboral nunca tuvo que producirse y que la mala gestión realizada por el ex Rector D. Francisco Ruiz y su Equipo de Gobierno debe solucionarse desde el diálogo y, en todo momento, respetando la legalidad vigente e incluyendo a todos los actores sociales de la Universidad de Huelva.

Huelga 8 de marzo

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La Asociación de Personal Universitario Contratado Capítulo 6 se suma a la huelga feminista convocada para el próximo jueves 8 de marzo de 2018, ya que creemos firmemente en la igualdad de género.

¿Por qué esta huelga es especial?

En la huelga del 8 de marzo de 2018 se reivindica la necesidad de promover cambios para conseguir la igualdad real de las mujeres y los hombres. Además de paros laborales incluye huelga de los cuidados y del consumo para reivindicar que «si nosotras paramos, se para el mundo», emulando lo ocurrido en Islandia en 1975, donde se paralizó el país y quedo visible el trabajo, no siempre reconocido, de la población femenina. Esto supuso que muchas personas abrieran los ojos en un país que, actualmente, es referente mundial en la lucha por la igualdad.

Con la huelga feminista se trata de hacer visible qué ocurriría si las mujeres dejaran de hacer todas las tareas (remuneradas o no) que hacen a diario. Por eso se ha pedido que sean ellas quienes secunden las huelga. Los hombres pueden colaborar encargándose de cubrir a sus compañeras en sus puestos de trabajo y responsabilizándose de las tareas de cuidados.

En España, los sindicatos mayoritarios han convocado paros de dos horas por turno (mañana y tarde; de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00). Todas las trabajadoras y trabajadores están cubiertas y cubiertos por esta convocatoria, independientemente de si están o no afiliados/os. El sindicato de estudiantes se ha sumado a esta convocatoria.

Algunas cifras:

Las mujeres dedican el doble de horas que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados (cuando ambos trabajan fuera de casa).

Las mujeres se quedan fuera del mercado laboral al dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados.

El 75% de los contratos a tiempo parcial son firmados por mujeres.

En el año 2016, el 84% de las excedencias laborales para el cuidado por hijos fueron solicitadas por mujeres frente al 16% de hombres.

¿Es machista la universidad española?

Las mujeres suponen un 54,3% del alumnado y un 57,6% de los titulados.

En el profesorado las mujeres suponen un 40% frente a un 60% de hombres.

Existe un 20% de mujeres catedráticas versus un 80% de hombres.

De las 50 universidades públicas, sólo 4 están dirigidas por rectoras.

Desde AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) nos ofrecen una serie de medidas que pueden tomar los hombres el 8 de marzo, haciéndolas extensibles al resto del año:

Si eres padre, encárgate de tus hijas e hijos.

Si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga.

Si eres empresario, no descuentes el día ni tomes represalias.

Si eres estudiante, apoya a tus compañeras acompañándolas en la huelga o facilitándoles los apuntes del día.

Si eres profesor, no pases lista. Recuerda: es una falta justificada.

Si vives con una mujer, asume las tareas domésticas y reparte equitativamente las mismas todo el año.

Si tienes una relación afectiva con una mujer, facilita que ella pueda participar en la huelga y en las manifestaciones.

Respuesta al Comunicado de Secretaria General (17/04/2017)

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Una vez más tenemos que dirigirnos a toda la Comunidad Universitaria ante el comunicado emitido el pasado lunes desde Secretaría General en el que, independientemente de la valoración que realiza de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, vierte una serie de injurias y comentarios difamatorios hacia el colectivo de trabajadores que representa este Sindicato.

Que desde la Secretaria General se afirme que “Si bien las sentencias no son totalmente firmes, pues aún cabría un desesperado recurso ante el Tribunal Supremo (con el único objetivo de mantener el cobro de salarios)” no solo es una afirmación tendenciosa sino que es desprecio a las reglas existentes en un Estado Democrático de Derecho, afirmando que nuestro objetivo a la hora de interponer un recurso es “el cobro de salarios” cuando simplemente ejerce un derecho que ampara a cualquier persona, y más a los trabajadores de esta Administración, ya que no se deja de utilizar este tipo de sentencias para CONFUNDIR a la Comunidad Universitaria, utilizando las misma como victorias, cuando en realidad sólo muestra vergüenzas del funcionamiento de esta Universidad, donde los trabajadores sólo son perjudicados por el propio ejercicio de los dirigentes de la misma, y que, en ningún caso, afecta a los derechos laborales que como trabajadores INDIFINIDOS NO FIJOS de esta Universidad, han sido declarados por sentencias FIRMES de la jurisdicción laboral, la única competente para establecer o quitar derechos a aquellos trabajadores que no son funcionarios de esta Institución.

Asimismo, que desde Secretaría General se afirme que el personal de la Universidad de Huelva “soporta los desmanes e insultos que semanalmente se vierten por personas que pierden los nervios al ver llegar el fin de su privilegio” es totalmente falso. Este Sindicato y sus afiliados en todo momento han sido respetuosos con el resto de trabajadores de la UHU y con la propia Institución como ha quedado demostrado en multitud de ocasiones (actos de apertura de curso, día 3 de marzo, diversos actos del Rector…) en la que hemos protestado sin que se hubiera producido ningún incidente ni menosprecio hacía ningún miembro de la Comunidad Universitaria. Es más, durante las concentraciones realizadas en Cantero Cuadrado a lo largo de las jornadas de huelga que ha realizado este Sindicato el único acto desmán e insulto lo realizó el Sr. Secretario General al mofarse de los trabajadores que estaban allí manifestándose (https://www.youtube.com/watch?v=MDs8aGACLA0). Que el acto de realizar una Huelga, derecho constitucionalmente consagrado, sea considerado por el Secretario de esta Universidad, para más inri Catedrático de Derecho del Trabajo, como un insulto, viene a aclarar y a dejar blanco sobre negro la pobre dirección con la que esta Universidad cuenta, siendo tal vez ellos los que ven que en un futuro no muy lejano, con elecciones en el horizonte, puedan ver como “llega el fin de sus privilegios” que tan poco han hecho por esta Universidad.

Por último, el que desde Secretaría General se atrevan a calificar de “privilegio” el que los trabajadores pertenecientes a este Sindicato estén reincorporados a sus puestos de trabajo es un auténtico insulto y menosprecio a la administración de Justicia. Recordamos a la Secretaría General que está reincorporación obedece a los dictámenes emitidos tanto por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de lo Social de Huelva que declararon los DESPIDOS que el actual Equipo de Gobierno realizó a finales de 2013 como NULOS por ERE ENCUBIERTO, por lo que obligaban al equipo de Gobierno de la UHU a reincorporarnos. En todo caso, nos reservamos el derecho para poner en conocimiento de la jurisdicción competente el menosprecio y discriminación que se tiene hacia este colectivo, por parte de la Secretaría General de esta Universidad, que por desgracia para ella, la representa.

 

Puntualizaciones a la información sobre medidas cautelares promoción interna

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Ante la información proporcionada por Gerencia y una central sindical sobre la no concesión de medidas cautelares que desde nuestro sindicato solicitamos a los juzgados de los Contencioso Administrativo de Huelva, queremos haceros llegar las siguientes puntualizaciones:

  1. Estas medidas cautelares se enmarcan en una demanda presentada ante los tribunales contra la Universidad de Huelva por no permitir a los trabajadores INDEFINIDOS NO FIJOS participar en las promociones internas de personal laboral.

  1. La no concesión de dichas medidas cautelares NO supone la suspensión del proceso judicial, las medidas se solicitan, como establece la Ley de Procedimiento y el propio Auto del Juzgado.

    El artículo 130.1 de la misma Ley dispone que «previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.”

    En definitiva, con la medida cautelar se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil.”

    Pero, tal y como recuerda el auto del Juzgado:

    Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulte irreparable la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. El incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal.”

    Y continúa diciendo:

    Los recurrentes, contratados de dicha Universidad con carácter indefinido (no fijo) estiman que la exigencia de tal condición resulta discriminatoria, al excluir de manera inmotivada del proceso selectivo a quienes carezcan de esa condición requerida de personal laboral fijo, privándoles de este modo de la participación en el proceso de funcionarización a que dicha convocatoria propende.

    Esta cuestión constituye cabalmente el fondo de la cuestión controvertida, y no ha de ser examinada en el presente trámite sino de manera tangencial, única y exclusivamente en la medida en que pudiera repercutir en la pretensión de tutela cautelar aquí planteada.”

  1. En ningún momento la no concesión de las medidas cautelares significa que se desmonten los argumentos en los que se basa la demanda. Los argumentos se desmontan o ratifican tras un proceso judicial.

    Lo que se ha pretendido con la medida cautelar es no crear hipotéticos derechos que luego pudieran verse afectados, de tal modo que, aquella persona que obtuviera la plaza no se viera luego en la tesitura de tener que anular el proceso desde su inicio, para el caso que la demanda fuera estimada.

    La no concesión de la medida cautelar se fundamenta en el propio Auto de la siguiente manera:

    Difícilmente puede colegirse la existencia de perjuicios para los solicitantes caso de no accederse a la suspensión solicitada, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación. De prosperar su pretensión principal, el proceso selectivo será anulado, y los recurrentes podrán participar en él en los términos que en su caso se establezcan.”

  1. El proceso de promoción interna al no concederse las medidas cautelares se desarrollará tal como establece la convocatoria, pero NO supone que tras el procedimiento judicial quede anulado dependiendo de si los juzgados determinan si los trabajadores INDEFINIDOS NO FIJOS pueden participar en este tipo de promociones.

    De hecho, en ningún caso se indica que la reclamación que se hace fuera infundada o carente de fundamento, ya que no se condena a esta parte en costas, como también termina recordando el Auto del Juzgado:

    Conforme al artículo 139.1 de la LJCA, «en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.”

    No apreciándose en el presente caso motivos que justifiquen la imposición de las costas causadas, dada la naturaleza de la cuestión suscitada y teniendo en cuenta por otra parte que no concurren circunstancias de temeridad o mala fe exigibles para decidir en otro sentido.”

Por lo tanto, TODO se decidirá en los tribunales con la oportuna sentencia, cuyos posibles efectos negativos para los adjudicatarios de la plaza se han intentado minimizar.

Por último, sería de agradecer que la información que se proporciona desde Gerencia a toda la comunidad universitaria y este caso al PAS en particular no fuera parcial, ya que solo se informa de un hecho en concreto infiriendo unas conclusiones ajenas al mismo, desinformando de este modo a todo el personal.

Este sindicato está abierto a toda la comunidad universitaria por si nos quieren hacer llegar alguna pregunta o duda sobre este procedimiento o cualquier otro en el que estemos implicados.

Comunicado informativo a los claustrales

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La Asociación de Personal Universitario Contratado “Capítulo 6” a tenor de las declaraciones realizadas por el Sr. Secretario General de la Universidad de Huelva, Prof. Dr. Juan Gorelli Hernández, en la sesión ordinaria del Claustro Universitario celebrado el pasado 16 de diciembre de 2016, desea aclarar ciertos aspectos de su intervención con vistas a no manchar el buen nombre de la institución, de su personal, así como del colectivo al que representamos, que solo busca la legalidad y el buen hacer en la gestión de los recursos públicos.

A continuación le indicamos nuestro punto de vista sobre los asuntos referidos por el Secretario General.

 1. Durante la campaña para las elecciones a Rector del año 2013, el candidato Francisco Ruiz manifestaba en sus mítines su clara intención de suprimir la figura del personal técnico contratado “Capítulo 6” y la finalización de dichos contratos.

Algunas personas integrantes de este colectivo de trabajadores, actuando siempre siguiendo la legalidad vigente, deciden solicitar el carácter indefinido de su vinculación contractual con la Universidad de Huelva, de acuerdo con la legislación laboral existente.  

Igualmente, hay que aclarar que los trabajadores no solicitaron ser declarados personal fijo, ya que esa acción no está reconocida en la legislación, pero sí la indefinición de los contratos al existir concatenación de más de 24 meses de duración. Esto  no implica, en absoluto, que 160 trabajadores/as pasen a formar parte de la plantilla FIJA de la Universidad. Estas personas simplemente ejercieron un derecho recogido en la legislación laboral como haría cualquier otro trabajador que se hubiese visto amenazado en las mismas circunstancias.

El hecho de jactarse de que los despidos se produjeron como consecuencia de la reclamación de la indefinición de los trabajadores conlleva dos consecuencias de tremenda relevancia para esa Universidad:

La primera de ellas es que se hace gala de una ilegalidad manifiesta, es decir, como los trabajadores reclaman un derecho, la Universidad les despide, una actitud contraria a los derechos fundamentales de cualquier trabajador y más propia de regímenes que deberían desaparecer y creíamos pasados en una sociedad democrática.

La segunda es que los dirigentes de esta Universidad no tiene reparos en presumir que se cometen ilegalidades a su buen criterio, lo que nos causa una sensación de pena y a la par de profundo miedo, por ver en manos de quién se encuentra esta institución, y sobre todo de cuáles serán sus límites, si es que los tienen, arbitrariedades prohibidas en la legislación vigente para una Administración Pública que parece olvidar sus principios rectores por los principios del equipo rectoral.

2. Señalar que los Tribunales de Primera Instancia de las Salas de lo Social Huelva declararon que todos los DESPIDOS efectuados por la Universidad de Huelva entre septiembre del año 2013 y enero de 2014, bajo la causa de extinción de contratos, fueron DESPIDOS NULOS, ya que el actual Equipo de Gobierno de la UHU no cumplió con los procedimientos laborales exigidos en la legislación vigente, incurriendo por tanto en una flagrante ilegalidad. La calificación de DESPIDO NULO de las sentencias formuladas por todos los tribunales de lo social se fundamenta no en la fórmula de contratación, sino en la forma en que la Universidad trató de extinguir las relaciones laborales ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo no ajustado a derecho, es decir, un ERE encubierto.

Es más, así lo reconoce implícitamente la propia Universidad cuando en los recursos a las sentencias dictadas  y dirigidos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo pone en duda el salario que han de percibir los trabajadores, validando así el resto de argumentos contemplados en las sentencias.

Tal y como establecen las sentencias de los Tribunales de lo Social de los Juzgados de Huelva y que han sido ratificadas por el TSJA, se realizó sobre nuestro colectivo un ERE encubierto. En su intervención en el Claustro, el Sr. Secretario General alegaba que las causas que les llevaron a no tramitar conforme a la legalidad un Expediente de Regulación de Empleo en diciembre de 2013 fueron que se verían afectadas personas de otros colectivos y no exclusivamente las contratadas por obra y servicio del “Capítulo 6” (obra y servicio que los Tribunales han considerado que no eran tales al ser funciones estructurales), lo que demuestra una vez más la discriminación, persecución y acoso sufrido por este colectivo de trabajadores.

3. No se entiende la ausencia total de autocrítica del actual Equipo de Gobierno en la gestión de este  conflicto laboral que provocaron ellos mismos hace ya más de tres años,  ni tampoco su interés en enfrentar a compañeros y compañeras cuyo único objetivo común es tratar de desarrollar de la mejor manera posible las labores encomendadas para conseguir una Universidad relevante y puntera en todos sus ámbitos: docencia, investigación y transferencia.

4. Resulta llamativo igualmente la facilidad con que el Sr. Secretario General cambia los motivos de los despidos según el interés propio o del Consejo de Dirección. Si bien unas veces esgrime como causas de nuestros despidos la temporalidad de los contratos, en otras ocasiones, sin embargo, alega causas económicas derivadas de la falta de financiación o bien la desaparición de nuestras funciones o servicios.

5. El Sr. Secretario General en su intervención ante el Claustro también deja evidencias de la “vanidad” derrochada por este Equipo de Gobierno al considerar que la decisión de los despidos del Personal “Capítulo 6” fuera probablemente la decisión más importante que la Universidad de Huelva ha tomado en la última década. Esta afirmación dicha de esta manera y ante un órgano de la importancia del Claustro Universitario no hace sino desprestigiar a nuestra Institución y denota la talla de quien la refiere.

6. También afirma “que el colectivo Capítulo 6 lo formaban 160 personas y de ellas sólo 56 consideraron la posibilidad de demandar a la Universidad en pleno derecho”. Según certificó la propia Institución a los Tribunales de lo Social fueron “solo” 99 las personas despedidas. En palabras del Sr. Secretario General, la UHU pasó de tener un “problemón” a tener un “problema”, pues se redujo el número de trabajadores a una tercera parte. Sin embargo, al Sr. Secretario General se le olvida decir que “curiosamente” hubo personas de entre las 99 despedidas que no decidieron denunciar su despido y que de nuevo “casualmente” muchas de ellas se encuentran trabajando actualmente en la Institución, aunque  desconocemos los procedimientos legales para sus contrataciones, en algunos casos, cuando en otros son manifiestamente ilegales al emplear a personal Autónomo para realizar funciones de personal laboral, otra muestra más, y casi hemos perdido la cuenta, del doble rasero que tiene este Equipo de Gobierno para dirigir la Universidad.

7. Como ya ha manifestado el Sr. Secretario General en varias ocasiones, el objetivo del Equipo de Gobierno pasa por volver a despedir a las personas que componen este colectivo una vez que las sentencias de los Juzgados de la Sala de lo Contencioso Administrativo sean firmes. El Consejo de Dirección se está jactando de manera habitual de que hasta la fecha dichas sentencias en Primera Instancia vienen considerando la nulidad de los procesos administrativos por los que se formularon dichas contrataciones, como así lo habrá recibido en continuos correos dirigidos a la Comunidad Universitaria, si bien lo que se deduce de estas sentencias no es sino reflejar la mala praxis del personal funcionario que ejecutó dichos contratos. Sentencia esta que para nada ayuda al buen nombre e imagen del personal de nuestra Institución. De ahí que no se entiendan sus continuos mails dando difusión a tan negativo proceder, dando versiones interesadas, ya que, en ningún caso puede recaer sobre el trabajador el mal funcionamiento de los servicios de contratación.

8. Por último, queremos dejar constancia de que como consecuencia de las decisiones políticas tomadas para este procedimiento, la Universidad tiene que hacer frente a un considerable sobrecoste económico y que todos sufragamos con nuestros impuestos, además de abocar a un deterioro de la imagen de nuestra Institución, enquistando un problema y no buscando el bien general conforme a la legalidad, favoreciendo un buen clima de trabajo y compañerismo.